En la mira jueza por liberar a presunto violador
En la mira se encuentra una jueza de Puerto Vallarta, por poner en libertad a un sujeto acusado de abuso infantil en Puerto Vallarta.
La Señalada por los abogados José Antonio Torres y Sandra Quiñones, identificada como Karina Dolores Rivas habría presuntamente violado el Código Nacional de Procedimientos Penales, favoreciendo al imputado sobre las víctimas, dos menores de edad.
Se trata de Carlos Jesús «N», quien fungió como maestro de regularización de una docena de niños, durante la pandemia, hasta que, al regresar a clases normales, una de las afectadas lo denunció, la menor aseguró que varios de sus compañeros vivían la misma situación.
Se sabe que el sujeto tenía ordenes de aprehensión del 2021 por tres denuncias que engloban el abuso a cuatro menores, dos niñas y dos niños, no obstante huyó, y fue recientemente cuando se presentó a comparecer por la denuncia de las dos niñas ante la jueza, quien, según lo señalado por los padres de las víctimas y los abogados, canceló las ordenes de aprehensión, Juzgó al acusado como menor de edad, sin presencia de los abogados de las víctimas, Del DIF o de la Procuraduría de protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), además lo dejó en libertad, a pesar de que tiene pendiente una audiencia por el abuso hacia otros dos niños.
«La jueza dijo que no pudieron ocurrir por la pandemia, que no había clases, pero sí había clases en línea. Obvia que ella llegó a Vallarta en pandemia en agosto del 2020, que fue cuando vinculó al jefe de Recursos Humanos del Ayuntamiento que agredió sexualmente a una menor y la vida seguía en pandemia. Y anuló el testimonio de dos niñas porque la defensa presentó un decretó del Gobierno del Estado donde mandaba a todos a casa. Pero ellas iban a la casa de Carlos «N» a hacer tareas y al tema de regularización porque seguían teniendo clases en línea», explicó la abogada Sandra Quiñones.
Recalcó además que accedieron a las grabaciones de la audiencia para presentar una apelación, en las que se documentó que la jueza trató a las víctimas como si ellas fueran las acusadas, desechando las pruebas psicológicas de las secuelas del abuso y los tocamientos, por lo que piden que el Supremo Tribunal de Justicia, procese rápidamente la apelación, para que puedan revocar la sentencia de la jueza y la puedan sustituir del procedimiento.
Recalcaron que al no poner al acusado en prisión preventiva se corre el riesgo de una fuga, sin que las víctimas puedan acceder a la justicia y vulnerando a los otros menores que también tomaban clases con él y que no se han atrevido a denunciar.
GM